Puede que no sea exactamente legalizar la ilegalidad, pero rizando el rizo habrá quien así interprete el pacto que legitimará cientos de viviendas paralizadas en Barreiros, a cocinar entre la Xunta, Concello y Diputación para estrangular el bloqueo de una comprometida situación urbanística que afecta, sobre todo, a terceras personas ajenas a entresijos políticos y que ahora se preguntan si este acuerdo no pudo haberse aliñado antes de ocasionar tantos perjuicios. Si Política Territorial adujo entonces razones incuestionables para suspender las licencias, mal se entiende (en un ejercicio de doble rasero) que cambie ahora de proceder, sólo por razones fáciles de adivinar. Percibo la sensación de que antes entró a saco, seguro que con motivo en algunos casos, pero sin medir todas las consecuencias y sin pensar que con independencia del conflicto Xunta-Ayuntamiento están cientos de personas que invirtieron sus ahorros, las propias constructoras y sus trabajadores. Nada como una urna…
(El Progreso, 8/2/09)
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