Si las televisiones autonómicas no fuesen el principal instrumento propagandístico de los políticos, ya estarían cerradas, en vista de que cuestan (nos cuestan) un ojo de la cara y algo más. En este año, la financiación para las trece existentes, con varios canales en cada comunidad, la financiación con dinero de la común asciende a 1.900 millones de euros, pero ya se arrastra un endeudamiento de 1.500 millones. En 2009, las pérdidas supusieron 772 millones de euros.
Con la cantidad de canales que existen privados, ¿qué faltan hace las autonómicas? Ninguna. Pero el caso es todavía más grave, porque son también muchos los ayuntamientos, incluso los que no tienen para pipas, que sostienen su televisión pública para que el alcalde y su equipo de gobierno propaguen sus políticas para que los votos no decaigan en los próximos comicios. Los únicos políticos que suelen criticar el derroche son los de la oposición, pero tan pronto como llegan al poder, ya no se acuerdan; entonces se quejan los que acaban de perderlo.
Es vergonzoso que en un país endeudado hasta las cejas se malgaste el presupuesto público tan alegremente, como si el dinero no fuese de nadie, que al parecer para algunos no lo es, como había dicho una ministra que, afortunadamente, ya no está en el machito.
Se perderían puestos de trabajo, unos diez mil, pero sale mucho más caro sostener el tinglado que, tarde o temprano, acabará desmoronándose.
La más cara es la vasca, que cuesta a cada ciudadano 253 euros al año, seguida de la catalana (209), valenciana (202) murciana (192) y andaluza, 173 euros.
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