¿Existe responsabilidad penal en los insultos y ataques al Estado de Derecho?

Habría ocurrido lo mismo si el Supremo absolviese a Garzón, porque la polémica estaba (y está) en cualquier caso servida. Para unos es lo correcto y para otros, una barbaridad. Pero si la Justicia es, en teoría, igual para todos, los fallos han de sustentarse en la norma, y prevaricar, como es el caso,  es un delito muy grave y más afectando a un magistrado que ha estado en primera línea, instruyendo casos de gran trascendencia. Pero tanto como la condena en sí me parecen tan trascendentes algunas descalificaciones hacia el tribunal por venir de dónde o de quién vienen; son un ataque al estado de derecho que también deberían tener repercusiones penales por mucho que se invoque la libertad de expresión. ¿Cómo se permite que el ex fiscal anticorrupción Jiménez Villarejo afirme que el Supremo "es una casta de burócratas al servicio de la venganza"? En otro plano son también desazonadas, entre otras, las descalificaciones de Cayo Lara y Llamazares, basadas en apreciaciones partidistas, impropias de líderes políticos y parlamentarios.