Cuando no la
certeza, al menos prevalece la duda de si el Gobierno se preocupa más por
nuestra seguridad cuando incrementa las medidas de protección en las carreteras
o lo hace por exprimirnos el bolsillo. El dilema parece fácil de desentrañar ante la evidencia: la
recaudación por multas de tráfico se duplicó durante la crisis; de los 432
millones ingresados por infracciones en 2010 se pasó a los 858 en 2011, y las
previsiones para el ejercicio actual son de 856, lo que supone una
insignificante caída. Una de dos, o la crisis ejerce una perniciosa conducta
sobre los conductores, lo que carece de sentido, o hay una conjura para
fortalecer el afán recaudatorio, como parece. Que exista una previsión ya es
sospechoso, dando por cierta una predicción que no pasa de suposición. Hay que
alcanzarla como sea, y eso ni es ético ni va a mejorar la seguridad de las
carreteras. Así se explica que en Galicia los coches decomisados se usarán para
vigilar el tráfico, y cuando se dice vigilar sobrevuela la convicción de que se
pretende multar más. Y no parece el momento más oportuno.
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