Los supuestos
excesos policiales en la protesta en torno al Parlamento acapararon toda la
atención, más que la convocatoria en sí y por encima de la actuación de los
grupos violentos que se sumaron y los instigaron, como pretendían. Por enésima
vez los agitadores profesionales, vividores de disturbios y broncas,
desvirtuaron el verdadero sentido de la invocación, derivándola hacia posiciones
extremistas alejadas de los fines marcados, como suelen hacer cada vez que se
presenta la ocasión, sin que les importe para nada la finalidad. Todo vale. Lo
peor es que sus desenfrenos nunca son lo suficientemente considerados a la hora
de exigir responsabilidades, cuando debería de aplicarse el castigo con el
máximo rigor permitido. Si no se modificó ya, se cambiará la ley de seguridad
ciudadana que contempla fuertes sanciones (entre tres mil y treinta mil euros) para
encapuchados que al amparo del disfraz se inmiscuyan en aglomeraciones
dispuestos a alterar el orden.
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