Sin adentrarnos en cuestiones de la técnica jurídica, la percepción del ciudadano es que la actitud de la Generalitat catalana quebranta la soberanía del Tribunal Supremo, al omitir por reiterado sus sentencias y resoluciones en cuanto al incumplimiento de no considerar el castellano lengua vehicular, como lo es el catalán. En concreto, se citan en el auto del alto tribunal once sentencias anteriores, desde diciembre de 2010 hasta noviembre de 2013, resueltas en el mismo sentido y sin ningún efecto. Como el gato y el ratón. El Gobierno catalán, tenga o no razón en sus planteamientos, que ese es otro debate, como si oyese llover. Pasa olímpicamente de los dictámenes, vulnerando principios del Estado de Derecho, sin que, por quien corresponda, se adopten medidas que obliguen a asumir los dictámenes. Además, la pregunta que se hacen (nos hacemos) muchos es que si las inobservancias emanasen de otra comunidad, por ejemplo de Galicia, ¿habría la misma tolerancia? Seguro que no. Por lo tanto, además de desobediencia y el desacato, no deja de ser un agravio comparativo.
Hace 1 hora
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