Visto lo visto, el mayor problema planteado por el
movimiento okupa, tanto como la ocupación de bienes privados en sí, es su desalojo
y recuperación por la vía legal. Todo ello, claro, porque quienes irrumpen en
una vivienda sin permiso, con inusual descaro y altanería (exigiendo incluso
documentos a los dueños que intentan valer su legitimidad, como ocurrió en Lugo), gozan de todos los
derechos que se le niegan a los propietarios. Es muy de lamentar que no todos
los ciudadanos tengan vivienda o medios para alcanzarla, propia o alquilada,
pero es una situación que no ha de resolver la población civil sino, como bien
recoge la Constitución, los poderes y administraciones públicas, que como en
otras muchas cosas miran hacia otro lado en vez de intentar, al menos, resolver
o mitigar el problema. ¿Habría tantas reticencias y absurdas garantías para los
usurpadores si los irrumpidos fuesen edificios públicos, instalaciones
judiciales, por ejemplo? ¿Cuánto tardaría un juez en expulsarlos de su despacho?
¿Perdería un minuto en mostrarles el título de propiedad?
Hace 1 hora
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