No siempre lo que dicta el Código Penal coincide con la lógica y con lo que demanda la sensatez y la propia sociedad, aunque acatar dictámenes judiciales sea de obligado cumplimiento. Por algo estamos en un Estado de Derecho. Viene a cuento por lo insuficiente que parece la petición fiscal de dos años de prisión, por homicidio imprudente, para el conductor del turismo que en Antas de Ulla arrolló y causó el fallecimiento a una ciclista de 15 años que, junto a su padre, cubría la ruta entre León y Santiago. La petición puede concluir en la condena solicitada o ser aún más liviana. Bien es verdad que en este y otros casos parecidos la muerte tiene un precio (poco más de cien mil euros el que nos ocupa), pero así y todo no parece justificado que el autor, que dio positivo por consumo de drogas, pague con un castigo tan nimio, por el que ni siquiera ingresará en prisión, pese a la gravedad del hecho. Suele pedirse que se cambie la ley, pero la ley permite mayor severidad. Ortega Cano, por un hecho similar, está en la cárcel. ¿Por el ruido mediático?
Hace 44 minutos
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