Pensiones: ocurrencia tras ocurrencia

Estaba cantado. El Gobierno ha dado marcha atrás en su idea de elevar en diez años, hasta los veinticinco, el periodo de cotización que se considera para calcular las pensiones, temiendo lo que le venía encima, puesto que no contaba con ningún apoyo, incluidos los de las grandes y dóciles centrales sindicales. Por eso el Ejecutivo eliminó el documento enviado a Bruselas en el que expone sus medidas y en donde proponía aumentar el tiempo del cómputo de los 15 a los 25 años.

Como bien apunta epl sindicato CC.OO. ya va siendo hora de que el Gobierno acabe con las ocurrencias por entregas, fruto de la improvisación y falta de imaginación para elaborar un plan serio globalizado. Pero su debilidad tampoco le permite demasiadas alegrías, y menos soltando globos sonda por entregas.
Del texto, se suprimió la frase de que "si a lo largo de la década de 2020 se elevan en dos años estos parámetros (la edad de jubilación) y si, además, se aumenta en una década el número de años considerados para calcular la pensión, el recorte total del gasto en pensiones podría alcanzar casi 4 puntos porcentuales sobre el PIB a partir de 2030".
Es decir, si el primer documento sobre el Programa de Estabilidad 2009-2013 colgado en la página web del Ministerio que dirige Elena Salgado afirmaba que si durante la década de 2020 se elevase en dos años la edad de jubilación, hasta los 67, y se aumentase en diez el periodo de cálculo de las pensiones se podría alcanzar un ahorro en el gasto para pensiones de cuatro puntos del PIB a partir de 2030. En la reforma de las pensiones anunciada en el Consejo de Ministros el pasado viernes, el Ejecutivo no especificaba todavía el número de años que proponía para el cómputo de las pensiones que ahora sí precisó en el documento que remitió en un primer momento a las autoridades europeas.
Respecto al gasto por envejecimiento, el documento consideraba que el impacto de todas estas medidas en las proyecciones de gasto asociado al envejecimiento de la población ''puede ser muy importante'' y concreta que cada año que se retrasa la edad legal de jubilación se reduce en un punto del PIB el gasto en pensiones. Asimismo asegura que cada año que se amplía el número mínimo de años para obtener una pensión se obtiene una reducción adicional de 0,2 puntos porcentuales.
Por tanto, si en la década de 2020 se amplía la edad de jubilación a los 67 años y se aumenta en una década el número de años para calcular la pensión, el recorte del gasto en pensiones podría alcanzar la cifra mencionada de casi cuatro puntos porcentuales sobre el PIB desde 2030. Esto supondría una mejora ''sustancial'' del indicador de sostenibilidad de la Comisión Europea y el gasto en España asociado al envejecimiento de la población se situaría entre los más bajos de Europa.