Ahora que está abierto el debate sobre la fusión de ayuntamientos, con una primera realidad en marcha, Oza y Cesuras en Galicia, convendría aprovechar el fulgor de la reestructuración municipal para no olvidar la provincial. Precisamente ahora, al conmemorarse los doscientos años de la Pepa, se cumplió también el segundo centenario de la creación de las diputaciones, recogida en la efímera Constitución de 1812. Su historia inicial ya fue tormentosa por ser una parte del programa liberal. La idea original era la de otorgar soberanía administrativa al nuevo ente territorial: la provincia; pero con las autonomías no tienen razón de ser, salvo para gestionar favores y compromisos partidistas, y son tierra de nadie. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) hace bien en no soltar la presa. Su portavoz parlamentaria, Ana Pontón, lo replanteó en el último debate sobre el estado de la autonomía recordando que son instituciones "obsoletas". Pero debió anunciar, por coherencia, la abdicación de sus diputados de las corporaciones provinciales. Sacar provecho político y personal de lo que se abomina no es estético y mucho menos ético. Su renuncia es ineludible para legitimar la reivindicación para que sean suprimidad.
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