No hay inconveniente en la crítica razonada (no delirada) a las más altas instancias del Estado, del Gobierno, de su presidente, de cualquier ministro; pueden también criticarse las sentencias y las decisiones de los jueces, como corresponde a un país libre, siempre y cuando no sea vejatoria. Todo menos criticar a los árbitros, especialmente a los de fútbol, por parte de entrenadores y jugadores, no ya durante el juego sino después de haber concluido, y si se hace, enseguida emerge inexorable el brazo tonto de la 'ley'… que administran los comités de competición, distanciados por completo de la Justicia ordinaria al aplicar métodos dogmáticos, con escasas posibilidades de defenderse. Otra cosa, ya digo, es si median improperios o agresiones, lo cual debe ser castigado de igual manera que cualquier ciudadano si daña u ofende gravemente a otro. Argumentan que se trata de evitar que las atribuciones y potestades de los colegiados no se resientan, como si el autoritarismo fuese determinante. La propia libertad de expresión requiere tácticas más tolerantes.
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