Hasta ahora, en
instituciones y organismos de la Administración el coche oficial, con chófer,
escolta y demás parafernalia, era un derecho usufrutuado desde las cúpulas
hasta poco menos que a los bedeles. Las cosas, ya era hora, van cambiando pero
la estrechez tiene mal encaje. Los primeros en repudiarlo fueron los
magistrados de la Audiencia Nacional y, sobre todo, los del Supremo (con seria advertencia),
quienes consideran la supresión del vehículo "discriminación institucional".
Quizá tengan razón en tanto no se supriman todos, pero tiene bemoles que un
juez, muy bien remunerado por cierto, siga exigiendo un servicio elitista cuando
muchos no tienen para comer. Puede pagarlo de su peculio, y si no lo hace, la
alternativa es hacer lo que hace el resto de la ciudadanía. Otro tanto pasa con
los escoltas, aunque se invoque la seguridad como argumento de peso, pero era
tal la exageración numérica que en muchos casos venían siendo utilizados para fines
domésticos o de carácter privado (chicos para todo) y no precisamente de protección.
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Hace 1 hora
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