Conde Pumpido no quiere intermediarios

Que el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, haya pedido que la ley ponga fin a las "fiscalías paralelas", refiriéndose a la acción popular, que defienden "intereses espurios" que ponen en jaque a la Justicia con "querellas mediáticas" que trasladan a la Administración "problemas que, o no existen, o no tienen como cauce adecuado de resolución el sistema de justicia penal sino que deben ser resueltas en el foro político o en otras instancias sociales", demuestra claramente cuál es su talante democrático.
Pumpido, cuya dependencia del Gobierno es manifiesta, defendió que es el Ministerio Fiscal al que la Constitución encomienda la defensa y la promoción del interés general ante los tribunales, y apuntó que no es "casualidad" que en la mayoría de los países del entorno detente el ejercicio de la acción penal.

"No puede ser que la justicia penal, ya indebidamente sobrecargada, gire alrededor de querellas mediáticas interpuestas por fiscalías paralelas, en asuntos que tienen que ver con intereses particulares, de contenido más político que jurídico, a veces revestido de una vaga intervención de lo colectivo", aseguró.
En concreto, y en relación a las tres causas abiertas que hay en el Tribunal Supremo contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, recordó que el Ministerio Público no ha apreciado delito en las actuaciones que se le cuestionan y aseguró que seguirá manteniendo esta posición con la "esperanza" de que el criterio del Ministerio Público "finalmente prospere".
En una palabra, que de prosperar sus intenciones, la Fiscalía General del Estado manejaría a su antojo los casos, archivándose el Faisán y todos los que hay abiertos contra Garzón, que puede resultar o no culpable, pero sobre quien hay indicios que es preciso esclarecer.