Un matrimoni de Lugo tarde diez meses en recuperar su casa, tomada por okupas

La situación no es única, ya que se dan casos parecidos con frecuencia, pero una vez más demuestra la ineficacia de la Justicia a la hora de resolver problemas que afectan muy directamente a los ciudadanos. Un matrimonio de Lugo, de edad avanzada, acaba de recuperar su casa después de diez meses habitada por una familia okupa, que se apoderó de la vivienda aprovechando que sus dueños residían a caballo entre Lugo y León y durante una de las ausencias.
Los okupas adujeron que alguien se la había alquilado, pero se negaron a decir quién, con lo cual se inició un proceso judicial, que acabaría siendo archivado con el pretexto de que se desconocía la identidad de los misteriosos inquilinos, cuando salieron en la prensa local con nombres y apellidos. Ahora, sólo al ausentarse voluntariamente el matrimonio gitano y sus hijos, el juzgado ordenó el desahucio y los propietarios pudieron acceder al piso, en el que se encontraron con desperfectos de bastante consideración. ¿Quien los va a indemnizar?
Ya digo, es un caso más, pero que denota la ineficacia de la Justicia, porque... ¿cómo es posible que se tarden diez meses en dejar libre una vivienda que se ocupó por asalto? ¿No es suficiente que se aporten escrituras, recibos de impuestos, agua, luz..., empadronamiento de los dueños para que el desalojo se produzca en menos de veinticuatro horas? Parece que no es así, y es da lugar a que se vivan estas espectáculos bananeros.
Cualquier día, va uno a comprar el pan o a por el periódico, y a la vuelta se encuentra con la vivienda tomada por intrusos. ¡Qué hacer? Nada o poco: armarse de paciencia o reclamar al maestro armero. Quienes efectuaron el asalto están protegidos por una absurda ley garantista. Mientras se comprueba si usted dice o no la verdad, pasarán varios meses, y entre tanto alojese en un hotel, con familiares o vecinos.
El que los intrusos tengan problemas para encontrar un cobijo no justifica nada, y mucho menos que tenga que resolver su problema un particular, cuando en último caso serán las autoridades quienes deban de tomar cartas en el asunto.
En la foto que publicó el diario El Progreso aparece el matrimonio revisando la cocina de la vivienda.