Que el superministro Rubalcaba diga que la criminalidad en 2010 haya sido la más baja de los últimos once años tranquiliza poco, porque la zozobra del ciudadano al respecto no se arregla con mensajes tranquilizadores ni con estadísticas más o menos maquilladas por razones de estrategia política. Estamos en 2011 y los robos y asaltos aumentaron de forma notable como nadie niega.
No puede afirmarse sin embargo que las fuerzas del orden no hagan bien su trabajo, que sí suelen hacerlo; se esclarecen episodios punibles y se apresa a maleantes, lo que debiera servir (y no sirve) para reducir los registros delictuosos. Otra cosa es lo que ocurre en el tramo final, cuando los transgresores quedan a disposición de la Justicia, todo porque la ley acostumbra a favorecer a quienes la quebrantan, permitiéndoles salir por la puerta de los juzgados antes incluso que los propios agentes que los entregaron. Es tan garantista, proteccionista y absurda que los propias perjudicados se sienten culpables.
Y la alarma social, que debiera ser esencial a la hora de enchironar a muchos delincuentes, como si no existiese.
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