Derriban la casa a un parado que levantó con permiso para un alpendre

SIN PERDER de vista que la ley está para ser cumplida, no vendría mal que la Justicia (ciega) rezumase cuando lo piden las circunstancias y el sentido común algunas dosis de humanidad, aunque sólo fuese para compensar algunos despropósitos jurídicos que distan mucho de ser sensatos. Cuesta creer que el juez que ordenó demoler la casa de Vilar de Donas, en Palas de Rei, no sienta remordimiento. ¿Cuántas edificaciones siguen en pie de las que se levantaron con permiso de alpendre? Si por mantener la estética del Camino de Santiago, ¿cómo se justifica dejar tirada en la calle a la familia de un parado cuando el propio Concello quería evitarlo? Tampoco la Xunta es ajena al descalabro; hay formas y maneras de aplicar las sentencias, no dejando en este caso ni siquiera tiempo a retirar todos los enseres. Ya me gustaría que se corrigiesen con igual rotundidad tropelías en las que median circunstancias bien diferentes. Bien podrían andar tan raudos y veloces, por ejemplo, para detener la aberración urbanística de las cuestas del Parque en Lugo, donde Justicia y Ayuntamiento fueron incapaces de evitar que se construya un bloque de edificios que oculta una de las mejores vistas sobre el río Miño.

La víctima es José Parado, de 58 años, casado y con una hija de 20 años, que además de estar en paro está enfermo de corazón, al sufrir varios infartos. Tanto es así que durante la demolición tuvo que ser asistido por el 06. La situación se resolvió provisionalmente al ser facilitado un piso a la familia por parte del Ayuntamiento.

La vivienda demolida empezó a edificarse en 1996 sobre un terreno propiedad de José Parado, pero con una licencia de alpendre. No obstante el expediente de ilegalidad empezó a tramitarse hace dos años tras una denuncia de la Policía Autonómica, aduciendo que estaba en zona forestal, si bien la familia asegura que los árboles se plantaron con posterioridad. También se aduce que perjudica la estética del Camino de Santiago. El Ayuntamiento intentó legalizar la obra sin éxito. Es más, dijo a Parado que era más factible que derribasen el consistorio que su casa.

Pero los males son todavía mayores. Los dueños de la casa demolida tendrán que pagar la demolición, unos 25.000 euros que no tienen.

En la provincia de Lugo hay ahora mismo pendientes 45 órdenes de derribo, pero las construcciones levantadas con el permiso de alpendres se calcula que son muchas más.