En un país en el que caben pocas sorpresas, no todos
entienden las nulas o exiguas consecuencias penales, o de cualquier otro tipo, en
que derivan los episodios violentos en manifestaciones o concentraciones
callejeras, muy legítimas si son pacíficas y respetuosas. Son sobre todo los
radicales los que sacan tajada, sin importarles el porqué de la reprobación; y lo
que es peor, suelen irse de rositas tras ser detenidos y desfilar por los
juzgados pese a la gravedad de los daños que ocasionan, en el mobiliario
urbano, establecimientos y también en personas, caso de los agentes del orden.
Les sale gratis o a un precio muy asequible, desproporcionado a la baja. Pero
siendo inexplicable, más lo es (intolerable en toda regla) que reciban la cobertura
de los convocantes, sindicatos grupos u organizaciones, que apadrinando la
violencia son conniventes en los desórdenes cuando debieran apresurarse a censurarlos.
¿Cómo puede exigirse que se exonere a los autores de un presunto delito? ¿Para
qué están el Estado de Derecho, las leyes, los jueces…?
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