Okupas: más que la ocupación en sí, el verdadero problema es el desalojo legal

Visto lo visto, el mayor problema planteado por el movimiento okupa, tanto como la ocupación de bienes privados en sí, es su desalojo y recuperación por la vía legal. Todo ello, claro, porque quienes irrumpen en una vivienda sin permiso, con inusual descaro y altanería (exigiendo incluso documentos a los dueños que intentan valer su legitimidad, como ocurrió en Lugo), gozan de todos los derechos que se le niegan a los propietarios. Es muy de lamentar que no todos los ciudadanos tengan vivienda o medios para alcanzarla, propia o alquilada, pero es una situación que no ha de resolver la población civil sino, como bien recoge la Constitución, los poderes y administraciones públicas, que como en otras muchas cosas miran hacia otro lado en vez de intentar, al menos, resolver o mitigar el problema. ¿Habría tantas reticencias y absurdas garantías para los usurpadores si los irrumpidos fuesen edificios públicos, instalaciones judiciales, por ejemplo? ¿Cuánto tardaría un juez en expulsarlos de su despacho? ¿Perdería un minuto en mostrarles el título de propiedad?

¿Por qué la ley es más garantista con los okupas que con los dueños expoliados?

Mala cosa si la Policía es incapaz de evitar la ocupación de viviendas privadas y la Justicia de no restituirlas sin dilación. Suelen argüirse trabas legales, señal de que las leyes son más adecuadas para proteger al infractor que defender a la víctima. Es cierto que el artículo 47 de la Constitución reseña que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna, pero asimismo dice que serán los poderes públicos quienes promoverán las condiciones necesarias para ello, nunca las clases privadas. Porque el artículo 33 también recoge la legitimidad de la propiedad, de la que nadie puede ser privada salvo en casos justificados de interés social y con las debidas indemnizaciones. Por eso no se comprende que la ley sea más garantista con los okupas (aunque se entienda su situación desesperada) que con los expoliados, lo cual alimenta la posibilidad no deseada de que los afectados se tomen la justicia por su mano, actuando por su cuenta al margen de la legalidad para recuperar sus bienes, como a punto estuvo de suceder en un barrio de Lugo.

¿Por qué el 'okupa' Jorge Verstrynge no cede sus cinco pisos a la causa?

Si el cinismo fuese virtud nos tropezaríamos con ascetas a cada paso. No es así sino que estamos asediados por adalides sociales religiosos, políticos, de opinión… que predican lo contrario de lo que hacen para suplantar su imagen, lo cual choca con su conducta. El ejemplo reciente más llamativo es el del 'okupa' Jorge Verstrynge, desterrado recientemente por la policía de una finca de un selecto barrio de Madrid que había tomado junto a otros activistas, al revelarse que es dueño de cinco pisos, que sumados al lujoso chalé en el que vive le convierten en un rico hacendado, opuesto al postulado que intenta transmitir. Sería incluso plausible que el ex secretario general del PP, ex delfín de Manuel Fraga, se pronunciase a favor de los sin techo si la causa fuese demandar cobijo para quienes lo necesitan, pero es incoherente, cuando no indecente, que no confiera primero sus viviendas a la colectividad a la que se arrima demandando atención, a falta quizá de otro reconocimiento a su camaleónica trayectoria, desde la extrema derecha a la izquierda radical.

Un matrimoni de Lugo tarde diez meses en recuperar su casa, tomada por okupas

La situación no es única, ya que se dan casos parecidos con frecuencia, pero una vez más demuestra la ineficacia de la Justicia a la hora de resolver problemas que afectan muy directamente a los ciudadanos. Un matrimonio de Lugo, de edad avanzada, acaba de recuperar su casa después de diez meses habitada por una familia okupa, que se apoderó de la vivienda aprovechando que sus dueños residían a caballo entre Lugo y León y durante una de las ausencias.
Los okupas adujeron que alguien se la había alquilado, pero se negaron a decir quién, con lo cual se inició un proceso judicial, que acabaría siendo archivado con el pretexto de que se desconocía la identidad de los misteriosos inquilinos, cuando salieron en la prensa local con nombres y apellidos. Ahora, sólo al ausentarse voluntariamente el matrimonio gitano y sus hijos, el juzgado ordenó el desahucio y los propietarios pudieron acceder al piso, en el que se encontraron con desperfectos de bastante consideración. ¿Quien los va a indemnizar?
Ya digo, es un caso más, pero que denota la ineficacia de la Justicia, porque... ¿cómo es posible que se tarden diez meses en dejar libre una vivienda que se ocupó por asalto? ¿No es suficiente que se aporten escrituras, recibos de impuestos, agua, luz..., empadronamiento de los dueños para que el desalojo se produzca en menos de veinticuatro horas? Parece que no es así, y es da lugar a que se vivan estas espectáculos bananeros.
Cualquier día, va uno a comprar el pan o a por el periódico, y a la vuelta se encuentra con la vivienda tomada por intrusos. ¡Qué hacer? Nada o poco: armarse de paciencia o reclamar al maestro armero. Quienes efectuaron el asalto están protegidos por una absurda ley garantista. Mientras se comprueba si usted dice o no la verdad, pasarán varios meses, y entre tanto alojese en un hotel, con familiares o vecinos.
El que los intrusos tengan problemas para encontrar un cobijo no justifica nada, y mucho menos que tenga que resolver su problema un particular, cuando en último caso serán las autoridades quienes deban de tomar cartas en el asunto.
En la foto que publicó el diario El Progreso aparece el matrimonio revisando la cocina de la vivienda.