Mucho ruido y pocas nueces. El caso de la retirada de multas de tráfico en Lugo, en espera de sentencia, parece haberse diluido como un azucarillo, y no es un caso único en cuanto a procesos judiciales muy aparatosos en su origen y desinflados en su final. A los profanos en técnica jurídica nos cuenta entender que una petición inicial por parte del fiscal de más de 40 años a 23 imputados se quede en nueve. Lo más llamativo son los siete solicitados al principal encausado, el exsubdelegado del Gobierno: se reducen a un año y tres meses. Lo mismo pasa con las sanciones económicas e inhabilitaciones. Ya se sabe que la demanda de penas, tanto las propulsadas por el ministerio público como por las partes, suelen modificarse a la baja o al alza, cuando se elevan a definitivas, pero hay veces que, durante la instrucción, podrían o debieran afinarse bastante más los cargos para evitar tales desajustes. Como chocante es también que se acuse a un alcalde, que opta por dejar su partido a raíz de ello, y que en el juicio se le exculpe al no confirmarse los indicios.
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Hace 1 hora
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