Si los hilos de la Justicia, en sus cúpulas, no estuviesen manejados por la
política podría entenderse mucho mejor la separación por la Audiencia Nacional de
dos magistrados que formarían parte del tribunal del caso Gürtel, como si
fuesen ambos los únicos contaminados por conexiones partidistas, en este caso al
PP. ¿Y si los que quedan para juzgar a los encausados son afines a otra
ideología, a otros intereses? También podría ser determinante, partiendo de la
misma sospecha que lleva a prescindir de Enrique López y Concepción Espejel. De
igual forma se entendería el alejamiento, como apoyo a otra magistrada en los
Eres que instruyó, de la juez Mercedes Alaya, y que los suspicaces lo
interpretan como una manera de acallar a los socialistas andaluces. La
politización acarrea estos inconvenientes y estas desconfianzas, justificadas
por cómo se etiqueta a la mayoría de los jueces: conservadores o progresistas.
La disimilitud solo estriba en su propensión hacia una u otra opción política,
porque de no ser así, el Código Penal no hace distingos ideológicos al ser aplicado.
Sí de ser interpretado en función de lo que convenga.
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