Si se pregunta, casi nadie está en
contra de que se restrinjan los gastos de la Administración, vistas las
dilapidaciones de los últimos años, pero la austeridad no es compartida si se
reducen servicios. Una cosa u otra, ambas son incompatibles. El Gobierno, en su
anteproyecto de reforma de la Administración local incluye recortes que considera
necesarios para que los municipios sean viables, suprimiendo o aglutinando
prestaciones, pero no todos los entienden y surgen los rechazos a la poda;
nadie quiere perder autonomía y como consecuencia también se rechazan las
pretendidas fusiones de ayuntamientos, pese a que su supervivencia parece
imposible en las circunstancias actuales, lo que también va en contra del
ciudadano, que no recibe atenciones en
consonancia con los impuestos que paga. Claro que el Gobierno tampoco lo
afronta muy en serio, como se deduce de su apuesta por mantener las
diputaciones, instituciones que no tienen razón de ser, mírese por donde se
mire.
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Hace 41 minutos
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