He visto en alguna parte un informe según el cual España es
la democracia con mayor número de aforados del mundo. Se calcula que por lo
menos son diez mil (otras fuentes elevan el número) los ciudadanos con
protección jurídica especial, lo que sin duda genera importantes disfunciones
en el sistema judicial al amparar privilegios con difícil encaje en la
Constitución, que en su artículo 14 proclama que los españoles "son
iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social". Pero si un político aforado, por
ejemplo, comete un delito común, que nada tiene que ver con el ejercicio de su
cargo, necesita un suplicatorio (se concede o no) para ser procesado y juzgado,
lo cual carece de sentido, como tampoco es normal que se proteja a quienes vierten
acusaciones falsas, insultos o difamaciones, dentro incluso de la propia
Cámara. Es absurdo que se mantengan privilegios que carecen de sentido, también
el común.
Hace 5 horas
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