La SGAE se las trae

ME CUESTA admitirlo y no sé muy bien cómo explicarlo, pero confieso, abjurando de todos los prejuicios que pudieran condicionarme, que ahora ya entiendo la voracidad recaudatoria de la SGAE. Y miren que me costó, pero a veces nos obcecamos en enfilar las cosas por donde no son y pasa lo que pasa. La sociedad que agrupa y defiende a los autores, no me consta si a todos por igual, está en su legítimo derecho de defender sus intereses y no renunciar por nada a sus prerrogativas por mucho que sea el acoso de quienes piensan que abusa con saña y prepotencia. Por lo mismo también creo justificada la imposición del canon y que el sindicato de la ceja no ceje en sus guiños para que no se vacíe la caja. Además, de no ser así, ¿cómo podría su presidente cobrar (todavía no lo desmintió) una retribución anual (2009) de 323.773 euros? ¿O cómo asegurarle un modesto y bien merecido retiro a partir mayo de 2011 de 24.511,49 mensuales? Por eso digo que la SGAE se las trae.


(El Progreso, 26/2/10)

Diputaciones

CUANDO más se habla de dar ejemplo apretándose el cinturón, de reducir el gasto público, de adaptarse a las circunstancias evitando gastos superfluos, resulta que nadie dice nada sobre la supresión de las diputaciones, órganos que poco o nada aportan a la funcionalidad de las administraciones públicas y que sin embargo cuestan mucho dinero. Ya se sabe que PP y PSOE no están por la labor; nunca lo han estado, pero el BNG fue abanderado de la idea, proponiendo transferir sus competencias a la Xunta y a las comarcas, y está callado. Guillermo Vázquez, su portavoz nacional, afirma que la pretensión se mantiene firme, pero se resigna porque los dos partidos mayoritarios defienden lo contrario. Sin embargo ello no justifica el actual conformismo y mutismo de la organización nacionalista, lo cual puede interpretarse como una postura acomodaticia, ya que también está involucrada en la gobernabilidad de tales entes, como es, por ejemplo, el caso de Lugo. ¿O no?

(El Progreso, 24/2/10)

Delincuencia juvenil

EL SEÑOR ministro de Justicia, que por lo que deduzco está alejado de la realidad, afirma que casos puntuales como el del ya tristemente célebre El Rafita (uno de los asesinos de Sandra Palo) no justifican una reforma de la Ley del Menor, en el sentido de que los delincuentes juveniles, como clama un amplio sector de la sociedad, ingresen en prisión al alcanzar la edad penal. La cuestión es que estamos desbordados de episodios puntuales parecidos en tanto que la polémica entelequia legal no coincide para nada con su objetivo esencial, que es la rehabilitación de los transgresores, sino todo lo contrario: incita a delinquir, sabiendo que el coste será mínimo, y los reformatorios (déjense de eufemismos) sólo consiguen perfeccionar en el oficio a los que no están por regenerarse, que son los más. Y si por casualidad la fechoría se produce en el tiempo un mes o unos días o unas horas antes del límite hacia la edad penal, en ese caso, con el máximo recochineo, la gratuidad es absoluta.

(El Progreso, 22/2/10)

Carreras temerarias

EN ESTE país de nuestros pecados, con radares a gogó, campañas de concienciación y afanes recaudatorios, claro que es más fácil y rentable exprimir al conductor que se exceda en diez kilómetros, o que vaya sin cinturón, que meter en cintura a los que campan a sus anchas participando u organizando rallies ilegales y carreras temerarias como la que denunció el concejal del PP Enrique Rozas en A Piringalla, cuyo peligro para los ciudadanos es evidente. Bien, pues mientras una asociación de vecinos refrenda la denuncia del edil, otra pretende quitar hierro al asunto, aunque sí admite que puede haberlas “puntualmente” y nunca programadas. ¿Tienen que ser a diario y cronometradas como si fuesen pruebas de fórmula uno? Es decir, existen. Dejémonos, pues, de chuminadas y de eufemismos para disfrazar la realidad y centrémonos en atajar el problema, que no se trata de ninguna broma, y menos de ocultarlo para cubrir quizá las espaldas a alguien cuya obligación es evitarlo.

(El Progreso, 20/2/10)

Tabaco: morir en aras del trabajo

Tabaco sí, tabaco no. Cada cual habla de la anunciada prohibición total según más le conviene, sin pensar casi nunca en las consecuencias que puede acarrear para quienes viven en el entorno, ignorándolos. Pero lo cierto es que el tabaquismo mata, como lo advierten los propios paquetes de cigarrillos, y por eso no se entiende que los gobiernos, en este caso el de España, dé largas al asunto en vez de aplicar las medidas ya, sin atender las consideraciones de quienes se resisten a admitir la realidad. Cada cual, como es natural, tiene derecho a elegir cómo quiere morir, llegado el caso, pero no a decidir cómo han de morir sus semejantes. No cabe, pues, esgrimir un derecho a la libertad, porque los que rechazan el tabaco tienen también su derecho a no tragar el humo indeseado. Claro que en todo esto chirría el cinismo del Estado al prohibir con una mano lo que autoriza con otra, con tal de no perder la recaudación que generan los impuestos. O subvencionar las plantaciones de tabaco, como es el caso de la Comunidad Europea. 

Sin embargo lo más lamentable de todo es el tabaco es responsable de mil muertes al año en España entre los trabajadores de hostelería, sector que se muestra como uno de los más reacios a la prohibición en sus locales. Son, claro está, los empresarios, porque las víctimas acaban siéndolo los trabajadores que han de asumir el riesgo de fumadores pasivos si quieren mantener su empleo, y tal como está la situación no es fácil que un padre o madre de familia renuncie así como así, aun a sabiendas de que el peligro le acecha. Son datos que ha facilitado  el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, que ha desarrollado su investigación durante 18 meses en ciento once locales de hostelería de Zaragoza.

Roldán se va de rositas

SI ES CIERTO lo que se dice, Luis Roldán (para qué más detalles) está a punto de saldar su deuda con la Justicia y con el Estado habiendo cumplido 15 años de cárcel de los 31 a que fue condenado, y habiendo devuelto poco más de millón y medio de euros de los casi diecinueve que adeuda y de los que se apropió mientras mandó en la Guardia Civil. Es decir, que se va de rositas, porque su encierro está espléndidamente recompensado. Además, nada restituyó modo voluntario nada; sólo mediante ejecución forzosa. Su botín está, faltaría más, a buen recaudo, con propiedades en París y en paraísos fiscales, gracias a triquiñuelas utilizadas para evitar que fuese intervenido. Pero lo más preocupante es que la Justicia y el Estado no tengan también argucias para contrarrestar tanta magancería. Desde luego es mucho mayor su eficacia y presteza cuando se trata de escarmentar a un ciudadano que adeuda, sabiéndolo o no, veinte euros a Hacienda. Ahí sí está todo controlado.

(El Progreso, 18/2/10)