Eduardo Torres Dulce, fiscal general del Estado |
Aun estando en su derecho, no deja de sorprender que determinados analistas se rasguen las vestiduras criticando la decisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, por ordenar a sus subordinados que se acuse a dos mandos policiales de colaborar con ETA, a raíz del chivatazo del caso Faisán, en vez de imputárseles revelación de secretos. Como si la Fiscalía no fuese un órgano jerarquizado, antes y ahora. Si esta determinación se considera partidista, otro tanto podrría decirse de la precedente, con otro Gobierno, en defensa de intereses contrarios a los que defendía entonces la oposición. Las críticas que se entrecruzan unos otros no son nunca para cambiar el sistema, señal de que a los dos grandes partidos les interesa manejar los flejes judiciales cuando toca, por alternancia en el poder. De todas formas, en este caso concreto, no parece descabellado que quienes, presuntamente, alertaron a los etarras, facilitando la huida del aparato de extorsión, sean castigados con la mayor severidad posible. Fue muy grave.
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