El Estado que paga la enseñanza religiosa detesta los crucifijos

EL CONFLICTO de los crucifijos en los colegios nunca se resolverá a gusto de todos, como es obvio, pero con sentido común y cordura podría mitigarse. Parecería lógico que en un Estado aconfesional las aulas careciesen de símbolos religiosos, pero la Constitución (artículo 16, apartado 3) recoge que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española”, y en la sociedad española, dos de cada tres ciudadanos, practicantes o no, son creyentes, frente al agnosticismo zapateril. Por lo tanto, que en un colegio extremeño satisfaga el deseo de una sola familia retirando los crucifijos, desaprobado por todas las demás, carece de sentido; debería ser suficiente para que los responsables docentes actuasen con más respeto hacia las mayorías, que en democracia son las que deciden, a falta por cierto de una ley de libertad religiosa. Será por eso que nadie entiende que el Estado costee la enseñanza religiosa y sin embargo abogue por enterrar una larga tradición eliminando crucifijos.