Es innecesario incidir en que la Justicia es lenta en la mayoría de los casos, pero, eso sí, en unos más que otros, dando pie a que el ciudadano suspicaz desconfíe. En Lugo acaba de darse el caso de que una demora judicial libró de la cárcel a los dueños de una academia por una estafa hace nueve años. La dilación, “indebida” según el fiscal, propició una conformidad con penas menores a las previstas. No se trata de ningún caso aislado, sino una más de situaciones frecuentes en procedimientos que se diluyen o anulan por expiración legal al superarse los plazos que establece la ley. Lo curioso es que casi siempre afecta a causas de una proyección penal que sobrepasa lo corriente. La justificación suele sustentarse en la complejidad de los casos y en la falta de recursos de la propia Justicia para acelerar los procesos; puede que sí o que no, pero en cualquier caso, que se sepa, no siempre se depuran responsabilidades, o si se depuran no trascienden lo suficiente como para evitar sospechas.
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