Está por ver si la nueva ley de transparencia atenuará los casos de corrupción entre la clase política y lacayos del entorno. Si la profusión viene dada porque el bancal estaba (está) abonado, así de repente será improbable que se torne estéril, pero por lo menos se contempla que los altos cargos de la Administración que cometan faltas graves o muy graves, además de ser castigados con la inhabilitación de 5 a 10 años para ocupar cargo público, deberán restituir lo malversado o derrochado e indemnizar a la Hacienda Pública. De eso se trata precisamente, y no sucedía habitualmente; para qué queremos que los enchironen o inhabiliten si a la postre no devuelven el botín. Hay algo más: poco se conseguirá si el ciudadano, consciente de que lo esquilman, sigue premiando a tal ralea en las urnas. Ocurrió primero en Valencia y ahora en Andalucía, por citar dos casos próximos en el tiempo. Por lo visto, meter mano en la caja es el revulsivo más eficaz para merecer el respaldo que no se otorga a quienes anteponen la decencia a descalabros y gatuperios. Y a vivir.
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